Jerarquía inamovible, por la imposibilidad de transformarse en otra circunstancia, sea en base a leyes destinadas a resguardar las ventajas y beneficios jerárquicos, o en base a frases que cotidianamente repiten los tolerantes de la desigualdad, frases como “así es”, “no va a cambiar”, “así ha sido siempre”, que tanto pueden rezar los jerarcas enriquecidos por el trabajo de millones, como bien lo pueden decir, casi con la misma fe, esas millones de personas. Esos son algunos pilares que sostienen a la jerarquía.
Inconfundible, porque la jerarquía es una y no otra. Aunque también debe haber un reconocimiento claro entre las distintas jerarquías, pues hay algunas que son las que dan validez a las otras, es decir, unas jerarquías mayores que aceptan la existencia de las jerarquías menores y de tal forma reconocerse entre sí. También, quienes están dentro de cada jerarquía, deben tener claro cuál es el lugar donde son posicionados, para no cometer el error de igualarse con los que le quedan más arriba o más abajo.
Es una de las confusiones que la jerarquía difícilmente fomentará o aceptará, a menos claro, que se requiera como método para hacer pensar que existe una igualdad, donde todos tienen las mismas oportunidades de escalar posiciones o cargos, donde recibirán mejores beneficios a cuenta de los que no reciban los demás.
Extensa introducción nos lleva a preguntarnos ¿y cuáles son las instituciones de carácter público donde se reproduce el orden jerárquico? Pues simplemente las de gobierno, cultura, salud, desarrollo urbano, educación, militar, municipal, hacendaria, policíaca, en fin, todas reproducen el orden jerárquico de lo superior y lo inferior, los que deben recibir más y los que deben recibir menos.
Un curso, dos recursos; tres cursos, seis recursos
De las instituciones que mencionamos, una precisamente es en donde se refuerza el sentimiento de asimilación de las jerarquías, justamente donde las personas reciben una formación en base a distintos conocimientos generales: la escuela. En lo cercano tenemos a la llamada Universidad Autónoma de Yucatán (UADY), la cual al estar registrada como escuela pública, es de las más accesibles para llegar incluso a estudios catalogados como “superiores”. Desde aquí, la presencia del uso común de una simple palabra que ya enuncia un posicionamiento jerárquico.
Como institución pública que es, constantemente manifiesta estar al servicio de la comunidad, y como casa educativa, la cual es subsidiada por los impuestos ciudadanos, manifiesta preocuparse por cumplir con llevar a la ciencia a una repercusión social, de tal forma que la inversión ciudadana en la educación pública, reciba de vuelta su contribución.
Una vez que finalizan los discursos, uno puede observar la forma como se distribuyen los recursos públicos que la universidad recibe y las relaciones entre distintos grupos interactuando: los autorizados de mayor rango toman más beneficios que los de menor rango, el sindicato de los maestros está separado del sindicato de secretarias y encargados de limpieza, los representantes estudiantiles ocultan información a los estudiantes representados, y existen separatismos entre estudiantes sólo por llevar uno, tres o cuatro simples años más de estudios.
Resulta difícil ver en ese panorama, cuál es la distancia entre quienes en esta institución agitan su bandera del saber y los que agitan sus banderas culturales, legales, urbanistas, municipales o las que apliquen en las demás instituciones públicas. Todas aplican la forma jerárquica de distribuir los recursos que reciben, cobrando sus salarios mensuales en forma jerárquica. Si es el jerarca supremo de una instancia, llámese director, rector o secretario, de $80,000 no baja su salario mensual; si son jerarcas de puestos no tan altos, entre $30,000 y $40,000 cobrarán mensualmente.
Son cantidades que al año, suman cifras millonarias que son recibidas por quienes desde su posición, mientras hablan de la repercusión social, reciben mayor beneficio económico que la mayoría de quienes integran la sociedad. Para la mayoría de la gente, la repercusión social nunca será recibir las sumas millonarias de la alta jerarquía científica, si acaso recibirán poco más de los $1000 mensuales que dan a los estudiantes con la beca PRONABE, porque les darán hasta $4000 trabajando ocho o diez horas, seis o siete días a la semana, con la condición de cambiar de horario si el jefe lo decide.
Así que cuando hablan de repercusión social, no dicen que ésta consiste también en la distribución económica tan conveniente que se reparten dentro de las instituciones públicas, todo un beneficio que tanto los más honestos científicos como los más corruptos partidistas (o viceversa), muy difícilmente decidirán cambiarlo.
Por supuesto, los que pagan impuestos e inscripciones, toda vez que mantienen silencio y en nada se oponen a la distribución jerárquica de los recursos, forman parte de todo el proceso, le dan continuidad, respetan lo que representa. Cuando les preguntas el por qué de esta distribución, puede decir que “todos los que están ahí metidos son gandallas”, “ellos son los que manejan el dinero”, pero el más extraño razonamiento me parece: porque ellos ya estudiaron más, por eso merecen estar ahí ganando eso.
Entonces, debe ser una historia muy clara y aceptada la que dice que el saber es para enriquecerse, o la ciencia para mantener y obtener beneficios en jerarquía. No hallo tanta diferencia entre este caso educativo con aquellas instancias de objetivos distintos al saber, y en sí, más repercute en la asimilación de la jerarquía, el observar cotidianamente que la desigualdad también está al interior de los prestigiados muros del saber.
Decisión jerárquica, decisión propia, algo…
Quienes pagan impuestos tienen la palabra decisiva, entre si los jerarcas siguen cobrando según su ciencia, o si entran en juego criterios más amplios y equitativos sobre administración de recursos.
Así lo hicieron los estudiantes del 68 durante junio a octubre y también las siguientes generaciones que no olvidan: quienes quieran que sus criterios con nombre y firma se asienten en las mesas de los autorizados, deberán hacerlo sin depender sólo de los representantes, quienes tanto hoy como ese entonces, mayormente prefieren desviar la atención antes que representar alguna molestia para los autorizados.
Éstos finalmente se presentarán unos minutos de su tiempo para hablar, contemplando que toda respuesta de un funcionario público debe darse en persona, por escrito y con firma, o sólo serán palabras al aire que no se podrán verificar con las regulaciones internas, los derechos humanos, los derechos laborales o la misma constitución mexicana.
Camilo Solís
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