urge: amparo contra la reforma misógina

Motivo: Para protegernos contra los posibles efectos resultado de la reforma al artículo 1 de la constitución de Yucatán, la Unidad de Atención Sicológica, Sexológica y Educativa para el Crecimiento Personal AC. (UNASSE) convoca y busca apoyar a un máximo de noventa amparos. Este recurso, además de ser una forma legal para defender el derecho a la mujer a decidir sobre su cuerpo, también es un método para reflejar el desacuerdo con la reforma al artículo 1.

Organización: se necesita que una o dos mujeres se organicen con hasta 6 compañeras que también deseen ampararse, para asistir el miércoles 19 de agosto a las 8pm a las oficinas de UNASSE (c. 47 x 54 y 56 santa ana, cerca del remate de paseo Montejo), llevando, si es posible, a su grupo de compañeras, pero esencialmente una lista con sus nombres, dirección, teléfono, e-mail para confirmar su participación y estar en contacto. También pueden pedir más informes a UNASSE, al teléfono 9243044.

Se necesita:

--ser mayores de edad con copia certificada de su IFE (UNASSE ofrece encontrar a un notario que haga la certificación al menor costo posible),

--hay 30 días para anteponer el amparo, contando a partir del 8 de agosto, es decir, queda casi 20 días para hacerlo

--el amparo también señala responsabilidad de las instancias estatales que avalaron las reformas: el ejecutivo, legislativo y la dirección del diario oficial

Información sobre la reforma al artículo 1ro:
La reforma al artículo 1° de la Constitución del Estado Libre y Soberano de Yucatán, particularmente por cuanto hace a la porción normativa que establece: “El Estado de Yucatán reconoce, protege y garantiza el derecho a la vida de todo ser humano, al sustentar expresamente que desde el momento de la fecundación entra bajo la protección de la ley y se le reputa como nacido para todos los efectos legales correspondientes, hasta su muerte natural, sin perjuicio de las excluyentes de responsabilidad previstas en el Código Penal del Estado de Yucatán”, resulta, por sí misma y de manera directa, violatoria de las garantías individuales que la Constitución Federal establece, a las que se hace referencia a continuación: las garantías individuales de igualdad (artículo 1°, párrafo primero ), de no discriminación (artículo 1°, párrafo tercero ), el derecho a la educación (artículo 3°), la garantía de igualdad entre el varón y la mujer (artículo 4°, párrafo primero ), la libertad reproductiva y sexual (artículo 4°, párrafo segundo ), el derecho a la protección de la salud (artículo 4°, párrafo tercero ), la libertad de expresión (artículo 6°, párrafo primero ), la garantía de audiencia (artículo 14, párrafo segundo ), la garantía de exacta aplicación de la ley en materia penal (artículo 14, párrafo tercero ), la garantía de legalidad (artículo 16, párrafo primero ), la garantía de recibir atención médica de urgencia, cuando se tiene el carácter de víctima de delito (artículo 20, apartado C, fracción III ), el derecho a la reparación del daño, cuando se tiene el carácter de víctima de delito (artículo 20, apartado C), fracción IV ), la garantía de taxatividad de la ley en materia penal (artículo 22, párrafo primero ), y la libertad de religión (artículo 24, párrafo primero ), al tiempo que también es violatoria del derecho a la vida (que se encuentra implícitamente establecido en la Constitución Federal, a favor de las personas nacidas), y de los artículos 14, párrafo segundo, y 16, párrafo primero, en relación con el artículo 133 de la propia Constitución Federal, como consecuencia de que la reforma violenta en perjuicio de las mujeres los derechos humanos que se encuentran reconocidos en los tratados internacionales que son invocados posteriormente, a favor de las mujeres, que por tratarse de tratados internacionales suscritos por el Presidente de la República y ratificados por el Senado, tienen una mayor jerarquía que las constituciones estatales.
(Fragmento del trabajo de Pedro Morales Aché)