Proceso no cederá

¿Por qué tanto miedo a que se recuenten los votos?

Proceso no cederá

Daniel Lizárraga

La Comisión de Transparencia del IFE rechazó de nuevo la solicitud de Proceso para tener acceso a las boletas electorales del 2 de julio pasado, en ejercicio del derecho de información que nos garantiza la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Esgrime el organismo un argumento falaz: “que la permisión de tales conductas no sólo conllevaría al menoscabo del estado de derecho al vulnerarse un mandato impuesto por ley, sino también de la sociedad mexicana y del orden constitucional”. Este semanario, sin embargo, no cede y apela ya a la Suprema Corte de Justicia de la Nación y a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, a fin de que sean puestas a nuestra disposición las boletas, que son documentos públicos que no contienen datos personales de ninguna índole.

La negativa rotunda del Instituto Federal Electoral (IFE) para que Proceso tenga acceso a las boletas electorales marcadas con los votos para presidente de la República se resume en la siguiente frase: existen de por medio razones de Estado.En el expediente de 93 páginas, los integrantes de la Comisión de Transparencia del IFE advierten que permitir la entrada a sus bodegas equivaldría a exponer la seguridad nacional, a vulnerar el orden constitucional y a poner en riesgo la integración del gobierno federal. Y en la última parte de su resolución destacan que aceptar la solicitud de acceso a la información tramitada por este semanario afectaría gravemente las funciones del Estado.

Dice el expediente: “En el caso de los supuestos de reserva (respecto a los archivos en poder del gobierno federal), no basta con que se actualice el contenido de la información por referirse a una de las materias reservadas, sino que es necesario, además, que exista un elemento de daño que permita afirmar que su divulgación podría afectar gravemente una de las funciones del Estado, cuestión que acontece en el presente asunto”.La Comisión de Transparencia también arguye que si se permite el acceso a la documentación electoral se podrían vulnerar “los principios rectores de la función electoral”.

El pasado 8 de agosto, Proceso tramitó un paquete de solicitudes de acceso a la información ante el IFE. En uno de esos escritos se solicitaron al organismo electoral los sobres con las boletas sobrantes, así como las inutilizadas, los votos válidos y nulos en todas las casillas, pero sólo las correspondientes a la elección de presidente de la República.

El 5 de septiembre, el Comité de Información del IFE, área encargada de resolver en primera instancia las demandas, rechazó la petición, con el argumento de que las boletas no son documentos públicos.

Este semanario apeló el resolutivo de la comisión del IFE, que respondió de nueva cuenta que las boletas no son documentos públicos, y añadió que aceptar un nuevo conteo de votos echaría abajo el sistema político.“No sólo se vulneraría el interés o la legitimación de las instituciones designadas por nuestra Carta Magna para la celebración de un proceso electoral –respondió la comisión–, sino a la Constitución en sí misma, al pacto federal rector de la actividad estatal de nuestro país, tutor de la integración de los poderes de la unión y protector al mismo tiempo de los derechos ciudadanos mexicanos, así como sus expectativas frente al Estado”.Proceso y un grupo de académicos e investigadores presentaron un nuevo paquete de solicitudes de acceso a la información para emprender una investigación periodística con el propósito de que la ciudadanía conociera el resultado de los votos de la elección del 2 de julio. Posteriormente se sumaron a esta propuesta varias universidades privadas y públicas, así como alrededor de 200 organizaciones civiles y 8 mil lectores de este semanario.

Los integrantes de la Comisión deTransparencia del IFE consideran que el derecho de acceso a la información tiene límites. Uno de ellos consiste en “garantizar el orden público, el interés social, así como las funciones primordiales del Estado mexicano, entre ellas la seguridad nacional”.Y explican en el expediente donde se rehúsan a aceptar la petición de Proceso que existe el peligro latente de restringir la libertad de expresión o de información cuando el ejercicio de la misma atente contra determinados valores públicos de importancia para la colectividad, entre los que se incluyen todos los procedimientos para la integración del gobierno.

Y sentencian: “Por lo tanto, el acceso a los paquetes electorales, incluso concluido el proceso electoral, no puede quedar al arbitrio de la autoridad, so pena de vulnerar el sistema jurídico e institucional diseñado por el legislador. La permisión de tales conductas no sólo conllevaría al menoscabo del estado de derecho al vulnerarse un mandato impuesto por ley, sino también a la sociedad mexicana y al orden constitucional.”Petición a la CIDHEl viernes 15, en la última sesión del Consejo General del IFE, sus integrantes aprobaron un acuerdo mediante el que se posterga la destrucción de las boletas hasta que concluyan en todas las instancias nacionales e internacionales los trámites de las solicitudes de recuento de votos interpuestas por Proceso, El Universal y dos ciudadanos.

Este semanario tramitó un amparo ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para que ésta atraiga el caso. El argumento de los abogados de Proceso se apega estrictamente al derecho de acceso a la información pública plasmado en la Constitución. El recurso está en manos del ministro Guillermo Ortiz Mayagoitia.

Así mismo Proceso, a través de una de sus abogadas, Graciela Rodríguez, envió a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), con sede en Washington, un grueso expediente en el que le solicita su intervención para que, mediante una moción suspensiva al gobierno de México, se detenga la destrucción de las boletas con los votos.La petición ante la CIDH se hizo una semana antes de que el Consejo General del IFE aplazara por tiempo indefinido la desaparición de los paquetes electorales.

Escaneo de boletasDentro del IFE, un grupo de funcionarios cercanos al presidente de la Comisión de Transparencia, Andrés Albo, esgrimió la posibilidad de permitir el acceso a las boletas por medio de una amplia muestra que abarcara más de 5 millones de votos. Según la información obtenida por este semanario, se hizo una estimación del costo que tendría el escaneo de boletas para entregarlas a Proceso.

Sin embargo, fue el propio consejero presidente del IFE, Luis Carlos Ugalde, quien se negó rotundamente a abrir los sobres con los votos. Y aunque él no tiene derecho a votar dentro de la Comisión de Transparencia, su postura es decisiva dentro del IFE.

En la misma tesitura de Ugalde estaba el PAN. A través de sus representantes ante el Consejo General, los panistas mandaron señales claras a la Comisión de Transparencia sobre su negativa a aceptar la apertura de los sobres.En el dictamen se expone:“Dada la naturaleza del contenido de los paquetes electorales y su naturaleza, una vez concluido el proceso electoral, dichos paquetes no pueden brindar mayor información que la ya dada a conocer primero por el Instituto y después validada por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).”

Otro argumento más:“Existen valores o principios, como son los de certeza y definitividad de los procesos electorales para la integración de los órganos del Estado, que por su importancia para el Estado y la colectividad se constituyen como una limitación legítima al derecho a la información”.

Proceso cuenta con cuatro días hábiles –a partir del momento en que sea notificado formalmente de la resolución en su contra– para presentar un recurso de impugnación ante el TEPJF.