Camilo Solís Pacheco
Aún sin quedar duda de que las reformas a la Ley Federal de Radio y Televisión y a la Ley Federal de Telecomunicaciones, favorecían en más de una forma a los grandes monopolios en estos campos, el 30 de marzo de este año fueron aprobadas por mayoría en el Senado, y poco después, el 11 de abril, serían publicadas por Fox en el Diario Oficial, para así entrar en vigor al día siguiente.
A partir de entonces, la controversia sobre estas reformas conocidas en conjunto como Ley Televisa fue en aumento, ya que violan leyes, derechos, acuerdos, y por ende, a todo un conjunto de personas, tanto emisores como receptores.
Televisa y TvAzteca son dos concesionarios que mediante estas reformas, tendrán más facilidades para acceder a los nuevos servicios digitales y multimedia, mientras que los permisionarios son excluidos casi por completo de ello, incluso hasta de la posibilidad de transmitir o continuar transmitiendo; esta desigualdad viola acuerdos internacionales y leyes nacionales sobre el derecho a la comunicación, que garantiza la igualdad de oportunidades de acceso a los medios y la libertad de expresión.
La minuta paralela aprobada por el Senado, decía solventar deficiencias de esta Ley Televisa, aunque más bien resolvía intereses económicos, como el correspondiente al IFE por la propaganda que sea contratada para promocionar campañas políticas a cualquier puesto de elección. Recordemos que esta instancia así beneficiada, hizo muy poco -o por ello, mucho-, en la guerra de spots preelectoral.
Amparos y observaciones contra Ley Televisa
Así, los afectados por la Ley Televisa, en su mayoría radiodifusoras comunitarias y televisoras culturales, iniciaron su defensa: en El Universal del 7 junio 2006, se reportó que pequeños radiodifusores presentaron en tiempo y forma 142 amparos, considerando que las reformas a la Ley Federal de Radio y Televisión y a la Ley Federal de Telecomunicaciones, violan los artículos 1, 5, 14, 16, 25, 27 y 28 de la constitución.
En La Crónica del 29 de junio informaron que 44 municipios del país, provenientes de ayuntamientos de Oaxaca, Puebla, Hidalgo, Puebla y San Luis Potosí, muchos de origen indígena, presentaron a la SCJN controversias constitucionales contra la nueva Ley federal de Radio y Televisión, pues lesiona su derecho a contar con sus propias radios comunitarias, y quedarán excluidos del desarrollo en materia de comunicaciones.
Semanas antes, la Suprema Corte de Justicia dio entrada el miércoles 11 de mayo a la acción de inconstitucionalidad emitida por 47 senadores, en donde se señala la violación de 21 artículos constitucionales. En El Universal del 3 de junio, se informó que Fox negó a Ley Televisa como favorecedora de monopolios pues, en cuanto a servicios adicionales sin costo, “todos los concesionarios podrán hacer uso de este derecho”, pero no hizo mención sobre permisionarios.
También a principios de junio, cuando se solicitó al Ejecutivo el dictamen técnico expedido por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes -donde se apuntalaba los defectos de las nuevas reformas-, para adjuntar a la acción de inconstitucionalidad, primero fue negada la existencia del documento, para días después saberse que el personal de Fox simplemente consideró no viable hacérselo llegar. Pero él ya había elogiado las reformas, diciendo que en ellas se trata “igual a los iguales, desigual a los desiguales”.
Casualmente, Ley Televisa otorgó a administraciones viciadas como ésta -y eso sí lo oyeron-, la facultad para decidir a quién se le da o no permiso para acceder al uso de un medio de comunicación, tratándose de instituciones sin fines de lucro. A mediados de junio, la Corte solicita al Ejecutivo el dictamen de la SCT, y recuperado el documento, se adjunta a la acción de inconstitucionalidad.
El 15 de junio, La Jornada dio a conocer que el titular de La Procuraduría General de la República, Daniel Cabeza de Vaca, entregó al ministro de la SCJN que estudia la demanda de inconstitucionalidad, Sergio Salvador Aguirre Anguiano, documentación que señala agravios en las reformas, pues “(…) legitima la desigualdad, (…) vulnera principios de seguridad jurídica y legalidad al no prevenir los derechos de los particulares en relación con las atribuciones de las autoridades, (…) resultan afectados directamente quienes pretendan operar estaciones culturales, educativas, de investigación y oficiales. Con ello se vulnera el ejercicio de los derechos a la información y la libertad de expresión, contenidos en los artículos 6 y 7 de la Constitución.”
A todo este cúmulo de violaciones, se aunada que Televisa movió influencias para que los nuevos comisionados de la Comisión Federal de Telecomunicaciones, fueran precisamente los que estuvieran de acuerdo con su Ley, sin importar que dos de ellos, Hector Osuna Jaime -quien hace poco fue nombrado presidente de la Cofetel- y Ernesto Gil Elorduy, no tienen experiencia en el ramo de las telecomunicaciones, más que militar la aprobación de la Ley Televisa en el Senado.
Al mismo tiempo, abogados que intentan desvirtuar los argumentos a favor de las reformas a la ley de medios, -uno de ellos, José Luis Zambrano-, darán continuidad a los cinco memorandos que a principios de julio remitieron a Sergio Salvador Aguirre Anguiano, exponiendo cómo las reformas afectan a la economía del país, ya que permiten la concentración de monopolios. Con ello los opositores a la ley de medios buscan desvirtuar los dichos de las partes involucradas, como los dados por Presidencia de la República, Cámara de Diputados y Cámara de Senadores. En el caso de los ciudadanos, su acción es sintonizar cada vez menos, las transmisiones de Televisa y TvAzteca, así como saber cuáles son sus extensiones para mantenerse alerta a la cuarteada información que éstas dan.
Aún sin quedar duda de que las reformas a la Ley Federal de Radio y Televisión y a la Ley Federal de Telecomunicaciones, favorecían en más de una forma a los grandes monopolios en estos campos, el 30 de marzo de este año fueron aprobadas por mayoría en el Senado, y poco después, el 11 de abril, serían publicadas por Fox en el Diario Oficial, para así entrar en vigor al día siguiente.
A partir de entonces, la controversia sobre estas reformas conocidas en conjunto como Ley Televisa fue en aumento, ya que violan leyes, derechos, acuerdos, y por ende, a todo un conjunto de personas, tanto emisores como receptores.
Televisa y TvAzteca son dos concesionarios que mediante estas reformas, tendrán más facilidades para acceder a los nuevos servicios digitales y multimedia, mientras que los permisionarios son excluidos casi por completo de ello, incluso hasta de la posibilidad de transmitir o continuar transmitiendo; esta desigualdad viola acuerdos internacionales y leyes nacionales sobre el derecho a la comunicación, que garantiza la igualdad de oportunidades de acceso a los medios y la libertad de expresión.
La minuta paralela aprobada por el Senado, decía solventar deficiencias de esta Ley Televisa, aunque más bien resolvía intereses económicos, como el correspondiente al IFE por la propaganda que sea contratada para promocionar campañas políticas a cualquier puesto de elección. Recordemos que esta instancia así beneficiada, hizo muy poco -o por ello, mucho-, en la guerra de spots preelectoral.
Amparos y observaciones contra Ley Televisa
Así, los afectados por la Ley Televisa, en su mayoría radiodifusoras comunitarias y televisoras culturales, iniciaron su defensa: en El Universal del 7 junio 2006, se reportó que pequeños radiodifusores presentaron en tiempo y forma 142 amparos, considerando que las reformas a la Ley Federal de Radio y Televisión y a la Ley Federal de Telecomunicaciones, violan los artículos 1, 5, 14, 16, 25, 27 y 28 de la constitución.
En La Crónica del 29 de junio informaron que 44 municipios del país, provenientes de ayuntamientos de Oaxaca, Puebla, Hidalgo, Puebla y San Luis Potosí, muchos de origen indígena, presentaron a la SCJN controversias constitucionales contra la nueva Ley federal de Radio y Televisión, pues lesiona su derecho a contar con sus propias radios comunitarias, y quedarán excluidos del desarrollo en materia de comunicaciones.
Semanas antes, la Suprema Corte de Justicia dio entrada el miércoles 11 de mayo a la acción de inconstitucionalidad emitida por 47 senadores, en donde se señala la violación de 21 artículos constitucionales. En El Universal del 3 de junio, se informó que Fox negó a Ley Televisa como favorecedora de monopolios pues, en cuanto a servicios adicionales sin costo, “todos los concesionarios podrán hacer uso de este derecho”, pero no hizo mención sobre permisionarios.
También a principios de junio, cuando se solicitó al Ejecutivo el dictamen técnico expedido por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes -donde se apuntalaba los defectos de las nuevas reformas-, para adjuntar a la acción de inconstitucionalidad, primero fue negada la existencia del documento, para días después saberse que el personal de Fox simplemente consideró no viable hacérselo llegar. Pero él ya había elogiado las reformas, diciendo que en ellas se trata “igual a los iguales, desigual a los desiguales”.
Casualmente, Ley Televisa otorgó a administraciones viciadas como ésta -y eso sí lo oyeron-, la facultad para decidir a quién se le da o no permiso para acceder al uso de un medio de comunicación, tratándose de instituciones sin fines de lucro. A mediados de junio, la Corte solicita al Ejecutivo el dictamen de la SCT, y recuperado el documento, se adjunta a la acción de inconstitucionalidad.
El 15 de junio, La Jornada dio a conocer que el titular de La Procuraduría General de la República, Daniel Cabeza de Vaca, entregó al ministro de la SCJN que estudia la demanda de inconstitucionalidad, Sergio Salvador Aguirre Anguiano, documentación que señala agravios en las reformas, pues “(…) legitima la desigualdad, (…) vulnera principios de seguridad jurídica y legalidad al no prevenir los derechos de los particulares en relación con las atribuciones de las autoridades, (…) resultan afectados directamente quienes pretendan operar estaciones culturales, educativas, de investigación y oficiales. Con ello se vulnera el ejercicio de los derechos a la información y la libertad de expresión, contenidos en los artículos 6 y 7 de la Constitución.”
A todo este cúmulo de violaciones, se aunada que Televisa movió influencias para que los nuevos comisionados de la Comisión Federal de Telecomunicaciones, fueran precisamente los que estuvieran de acuerdo con su Ley, sin importar que dos de ellos, Hector Osuna Jaime -quien hace poco fue nombrado presidente de la Cofetel- y Ernesto Gil Elorduy, no tienen experiencia en el ramo de las telecomunicaciones, más que militar la aprobación de la Ley Televisa en el Senado.
Al mismo tiempo, abogados que intentan desvirtuar los argumentos a favor de las reformas a la ley de medios, -uno de ellos, José Luis Zambrano-, darán continuidad a los cinco memorandos que a principios de julio remitieron a Sergio Salvador Aguirre Anguiano, exponiendo cómo las reformas afectan a la economía del país, ya que permiten la concentración de monopolios. Con ello los opositores a la ley de medios buscan desvirtuar los dichos de las partes involucradas, como los dados por Presidencia de la República, Cámara de Diputados y Cámara de Senadores. En el caso de los ciudadanos, su acción es sintonizar cada vez menos, las transmisiones de Televisa y TvAzteca, así como saber cuáles son sus extensiones para mantenerse alerta a la cuarteada información que éstas dan.
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